El escenario político de Matehuala de cara a las próximas elecciones municipales tiene perfiles contrastados. Existen dos figuras del sector empresarial que buscan la alcaldía, evidenciando trayectorias, métodos y percepciones ciudadanas completamente opuestas.
Por un lado, Ramón Sánchez quien durante la pasada administración consolidó un perfil basado en la oposición y el contrapeso institucional como regidor. Su avance en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se ha dado contracorriente de las bases tradicionales, logrando construir una relación genuina y de sensibilidad con la población. Asimismo, los registros públicos señalan que Sánchez no ha utilizado sus vínculos políticos para la obtención de beneficios económicos personales.
En la acera opuesta se encuentra el diputado Tomás Zavala González, cuya percepción pública contrasta con la de su homólogo. En el ámbito privado, ciudadanos y sectores locales señalan un distanciamiento por parte del legislador, quien suele desestimar las solicitudes de apoyo de la población.
Para colmo, se han realizado señalamientos sobre los beneficios económicos que Zavala González ha obtenido, desde que tomó el cargo público, a través de contratos de obra pública otorgados por el Gobierno del Estado.
Fuentes del sector de la construcción advierten que, al carecer de experiencia formal e infraestructura propia en este rubro, el legislador ha recurrido al arrendamiento de constructoras externas, una práctica que incrementa considerablemente el costo final de las obras ejecutadas.
Este escenario plantea un dilema estratégico de cara a la contienda electoral. Por un lado, fuentes en el gobierno del Estado aseguran que la asignación de obra pública opera como un mecanismo de contención política; una concesión económica orientada a mantener la armonía con el legislador para, eventualmente, justificar su exclusión de la candidatura a la presidencia municipal y a su vez del Partido; un costo demasiado alto para los potosinos.
Por otro lado, la viabilidad de esta ruta implica un costo que se puede pagar caro, y es el riesgo de que el Partido Verde claudique ante las aspiraciones de un perfil que acumula un desgaste público, agresiones a ciudadanos, amenazas a periodistas y señalamientos de nexos con el crimen organizado en el Altiplano.