En una decisión que deja desconfianza en el sistema judicial, se confirmó que Diana N., exdirectora de la estancia infantil Los Reyes, ubicada en Matehuala, ha obtenido su libertad condicionada. La noticia fue confirmada por la madre de Darían, la bebé que falleció el pasado 30 de abril de 2025 presuntamente por negligencia dentro de dicha institución.
Diana N. había sido capturada tras un cateo y recluida en el centro penitenciario de La Pila, donde fue vinculada a proceso por el delito de homicidio culposo. Aunque su defensa intentó en dos ocasiones que la imputada llevara el proceso en libertad, los jueces no lo concedieron, manteniendo la prisión preventiva.
La Fiscal General del Estado, Manuela García Cázares, presumió recientemente los avances en el caso, asegurando que se esperaba llegar pronto a la etapa intermedia y, posteriormente, al juicio oral. Sin embargo, la resolución actual contradice la postura de firmeza que la Fiscalía proyectó inicialmente ante los medios.
Según los datos proporcionados por la familia de la víctima, el beneficio establece que la exdirectora deberá pagar una multa económica de manera mensual durante un periodo de seis meses. Al cumplirse este tiempo y las condiciones impuestas por el juez, los reportes indican que la señalada quedaría libre de la responsabilidad legal que ahora pesa en su contra.
Para la familia de Darían, esta decisión representa un golpe a la búsqueda de la verdad. Durante meses, los padres exigieron una explicación clara sobre cómo ocurrió el golpe en la cabeza que sufrió la bebé dentro de la guardería, información que, denuncian, les fue negada por las autoridades, lo que alimenta la sospecha de una investigación deficiente.
La madre de la menor expuso que su única petición era que la presunta responsable enfrentara a la justicia desde el penal hasta recibir una sentencia firme. La falta de transparencia y el cambio repentino en las medidas cautelares han puesto bajo la lupa el actuar del sistema judicial de San Luis Potosí, transformando un proceso que parecía concluir con un fallo con pena privativa de la libertad a un repentino proceso en libertad que, según la autoridad, no procedía y que ahora deja un profundo vacío para la familia de la víctima.
