El inicio de la suspensión de lineas celulares no vinculados a una identificación oficial o CURP ha generado temor y un intenso debate. Mientras miles de usuarios han completado el trámite ante su compañía telefónica para evitar la interrupción de sus datos y llamadas, un numeroso sector de la ciudadanía se resiste a ingresar sus datos personales.
Por un lado, las autoridades sostienen que la medida es indispensable para combatir los delitos de extorsión y fraude cibernético operados desde el anonimato. Por otro lado, usuarios expresan constante preocupación, asegurando que las identidades en estas bases representa un alto riesgo para la privacidad y la ciberseguridad, ante el temor de posibles filtraciones de información.
Pese a las posturas encontradas, el calendario de desconexión sigue su marcha de forma escalonada. Aquellas líneas suspendidas podrán reactivar su servicio en cuanto completen el proceso de verificación, sin embargo ante la renuencia ciudadana se podría venir un declive económico para las telefónicas o diversas protestas para revertir la decisión.
