Los grupos delictivos que operan en la región Altiplano volvieron a dejar en evidencia la red de espionaje con la que operan. En un recorrido de la Base de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (BOMI), donde participa la Guardia Civil, el Ejército y la Guardia Nacional, las autoridades tuvieron que desmantelar otra tanda de 13 videocámaras clandestinas instaladas en la vía pública.
Los aparatos, camuflados en postes y fachadas para no levantar sospechas servían como los «ojos» del crimen organizado para monitorear en tiempo real cada patrullaje, convoy militar o movimiento sospechoso en la zona. Un sistema de «halconeo» automatizado que les permite operar con ventaja y escapar antes de que llegue cualquier operativo.
El total de los dispositivos asegurados fue retirado de la infraestructura urbana y puesto a disposición de la autoridad competente para integrar las carpetas de investigación correspondientes y dar con los responsables de su instalación.
