El coraje de los colectivos de madres buscadoras hacia a la presidenta Claudia Sheinbaum deja ver la impotencia ante la desaparición de personas en el país. El reclamo de las familias, que estalló públicamente tras la presencia en Palacio Nacional de los dueños del pato Merlín, una mascota viral, mientras a ellas se les cierran las puertas del foro público, no es un simple berrinche por la agenda del día. En el fondo, expone la dolorosa estrategia de las víctimas para sobrevivir a la simulación institucional, el choque frontal sobre cómo debe atenderse la emergencia y el desamparo que se vive en las regiones.
Para los colectivos, hablar con Claudia Sheinbaum no es por un acto de fe, no es ingenuidad. Saben que el sistema de justicia y los servicios forenses están colapsados, con más de 52 mil cuerpos acumulados sin identificar, y que una orden desde arriba no va a encontrar a sus hijos de la noche a la mañana. Sin embargo, en una estructura política donde el trabajo de campo de las autoridades solo se mueve bajo presión de la capital, el acuerdo directo con la Presidencia es la única llave para obligar a las autoridades a revisar los casos. Para las madres, las instituciones formales, como la Comisión Nacional de Búsqueda, terminan operando como ventanillas de trámites lentos y quedan atadas de manos si no existe un verdadero impulso político desde el máximo poder.
Claudia Sheinbaum insiste en ofrecer reuniones privadas y atención individualizada, argumentando que se busca evitar el uso mediático del dolor. El problema es que, para los colectivos, lo privado es sinónimo de invisibilidad. Las buscadoras no exigen favores personales, quieren que el gobierno federal asuma públicamente la magnitud de la tragedia. Para ellas, el diálogo abierto es la única forma de auditar el desempeño de la Comisión Nacional de Búsqueda, proteger su labor y evitar que la crisis quede solo en la revisión de censos y estadísticas oficiales.
La realidad en los municipios y estados es de abandono. Las fiscalías locales operan con poca infraestructura y suelen escudarse en su autonomía legal para evadir resultados, dejando la carga de las investigaciones sobre los hombros de las madres. En las regiones, los colectivos enfrentan la falta de peritos y recursos para procesar los hallazgos y buscan en zonas de alto riesgo bajo la amenaza constante del crimen organizado y sin el resguardo efectivo de las fuerzas federales.
La insistencia de las madres buscadoras de ser escuchadas por la presidenta de la República no obedece a la expectativa de una solución mágica. Es el último recurso del que disponen para obligar al gobierno a mirar de frente un problema que rebasó las capacidades de la seguridad y la única garantía para evitar que el olvido institucional caiga sobre sus desaparecidos.
